Un dato demuestra las deficiencias del sector. En los dos últimos años las agresiones a trabajadores de seguridad privada han crecido un 146%. Con esta «inseguridad» la Asamblea de Madrid ha decidido dar voz a las empresas de seguridad, concretamente en la Comisión de Presidencia, Justicia e Interior. Los grupos parlamentarios han podido escuchar de primera voz la «nefasta situación» del gremio.
Una de las voces que se ha escuchado es la de Rubén Gallego, portavoz de Marea Negra. El propio Rubén Gallego indicó la necesidad de recuperar la protección jurídica que se ha perdido con las nuevas normas, leyes y legislaciones paralelas. Con esta presencia se busca, a través de la Comunidad de Madrid, promover la modificación del artículo 31 de la Ley de Seguridad Privada, buscando contar con la misma autoridad que la de un agente de Policía Nacional.
Otra reivindicación que se solicitó era de la poder contar con más medios de seguridad. En estos momentos lo trabajadores de seguridad privada solo pueden llevar grilletes y defensa (porra), medios que se han demostrado insuficientes a tenor de las múltiples agresiones que se han producido recientemente.
A todo ello se añaden las medidas sanitarias derivadas del estado de alerta, que han traído una serie de obligaciones extra, como por ejemplo, el tener que velar por el uso de mascarillas dentro de los espacios cerrados. Esta situación ha llevado a la rebeldía a muchos ciudadanos que han considerado erróneamente que un vigilante de seguridad no tiene potestad para «obligar» al uso de mascarillas.
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